Perón ganó las elecciones de 1946 y ejerció su primera presidencia hasta 1952. Durante este período, desarrolló una política de fuerte intervención estatal en la economía y las cuestiones sociales, que le dio un gran apoyo popular.
Además con el propósito de obtener la reelección y asegurar algunos principios de su política, en 1949 Perón impulsó una reforma de la Constitución.
Independencia económica y soberanía nacional
Perón asumió su primera presidencia en el contexto de la posguerra, por lo que Argentina contaba con una situación económica favorable: los productos agropecuarios se vendían a buen precio a una Europa desbastada por la guerra y, por lo tanto, el Estado disponía de gran cantidad de ingresos en oro y moneda extranjera. Ese dinero le permitió llevar adelante una política económica basada en la nacionalización de amplios sectores de la economía, el fomento de la actividad industrial, la regulación de los conflictos entre trabajadores y empleadores y el aumento del nivel de vida de la población a través de una importante política social.
Entre las nacionalizaciones más resonantes, podemos mencionar: el Banco Central y las empresas de servicios públicos de capital extranjero como ferrocarriles y teléfonos. El gobierno peronista presentó esta política como una reivindicación de la soberanía nacional. También se crearon nuevas empresas de servicios públicos como Gas del Estado, Agua y Energía y Aerolíneas Argentinas. También se creó el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). Era un organismo que intervenía en el comercio exterior, fijando precios y comprando el total de la producción de cereales para venderlo en el mercado externo. Así evitaba la participación de la burguesía agroexportadora en el comercio exterior del país y obtenía grandes ganancias para ser invertidas en el desarrollo industrial y las políticas sociales.
Se puso en marcha el primer Plan quinquenal (1947-1951), orientado a profundizar la industrialización por sustitución de importaciones iniciada en la década anterior, basada en la producción para el mercado interno. Este Plan ofreció créditos a pequeños y medianos industriales para fomentar el desarrollo de las industrias mecánicas y la metalurgia liviana; se mejoró el salario real y se garantizó el pleno empleo para aumentar el número de consumidores; y también se realizaron obras públicas como la construcción de viviendas, hospitales y escuelas.
Como vemos, el estado asumió un papel intervencionista apuntando a la independencia económica de nuestro país, controlando los recursos económicos y los servicios.
En materia económica, el artículo 40 de la Constitución ya reformada, consagraba la independencia económica al establecer que los bienes del subsuelo (ejemplo, el gas y el petróleo) y los servicios públicos eran propiedad de la Nación. Esto significaba la convalidación de la política de nacionalizaciones llevada a cabo por el gobierno peronista.
Además, la Constitución de 1949 disponía la elección directa de los senadores, el vicepresidente y el presidente. También autorizaba la reelección presidencial ilimitada, lo que habilitaba a Perón para una nueva candidatura al finalizar su mandato.
Justicia Social
Entre los ideales del peronismo se encontraba la justicia social, entendida como un plan de reformas sociales que elevaba el nivel de vida de los trabajadores. A partir de 1948, para identificar su proyecto con esa idea, Perón comenzó a llamar justicialismo al movimiento que lideraba.
Se sancionaron varias leyes que favorecieron a los trabajadores como: los convenios colectivos de trabajo entre sindicalistas y empresarios, bajo la supervisión del Estado y el aumento de salarios; licencia por enfermedad; sistema de jubilación; congelamiento de alquileres; se determinaron precios máximos para productos de primera necesidad ; se establecieron sistemas sociales de medicina y turismo, administrados por los sindicatos; se implementó créditos baratos para la vivienda y se construyeron barrios para sectores populares.
La ayuda social estaba destinada a cubrir necesidades básicas de los sectores más desprotegidos de la población, entre los que se incluía a los niños, los ancianos y los trabajadores no sindicalizados.
Desempeñó un importante papel la figura de Evita Perón, quien se encargó personalmente de la ayuda social para los sectores populares especialmente para los más desprotegidos. Para ello, se creó la Fundación Eva Perón, que contaba con hogares, becas, subsidios, hospitales, colonias de vacaciones y mecanismos para la ayuda directa, mediante la entrega de juguetes, alimentos, máquinas de coser, calzado, etc.
La expansión de la actividad económica garantizó el pleno empleo y el aumento del poder de compra de los asalariados. Así, se produjo una redistribución del ingreso nacional a favor de los trabajadores, generando una sociedad menos desigual en términos socioeconómicos. Los sectores populares accedieron a bienes y servicios antes reservados a sectores medios y altos. El Estado promovió el acceso de los sectores populares a la salud, la vivienda, la recreación, mayores niveles educativos.
Como ya dijimos, en 1949 se reformó la Constitución Nacional, en ella se convirtió la doctrina justicialista en base ideológica del Estado y se incorporó los derechos sociales, entre los que se contaban los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y a la cultura y la educación. A los trabajadores se les garantizaba el derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y de vivienda dignas, al esparcimiento, la seguridad social y la salud. Sin embargo, no se les reconoció el derecho de huelga.
La doctrina peronista
La acción del peronismo fue acompañada de una ideología definida como doctrina justicialista. Tres banderas definían al justicialismo: independencia económica, justicia social y soberanía política. Esta ideología ponía el acento en el derecho de los trabajadores y los humildes al bienestar y a la protección del Estado.
Así como el radicalismo representó la incorporación de las clases medias dentro del sistema político, el peronismo produjo un nuevo proceso de ampliación de la ciudadanía. Los trabajadores alcanzaron un alto grado de participación política. Por ello se considera que el régimen peronista fue una democracia de masas. En 1947, a instancias de Eva Perón, el Congreso aprobó la ley de voto femenino, que fue aplicada por primera vez en las elecciones nacionales de 1951. También se otorgó el derecho al voto para los habitantes de los territorios nacionales.
El justicialismo se postulaba como una “tercera posición” entre el socialismo y el capitalismo. El peronismo no se concebía como un partido político entre otros sino como un movimiento que expresaba a la Nación. Los opositores, por lo tanto, eran vistos como los “antipatria”. Esta forma de pensamiento no contribuyó al pluralismo ni al diálogo político y generó fuertes enfrentamientos con el resto de los partidos. Por ello, durante la primera presidencia de Perón se puso de manifiesto la polarización de la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas, división política que se acentuaría en su segundo mandato.
